El Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, fue denunciado ayer ante la Secretaría de la Función Pública que encabeza germán Martínez, por presunto desvío de recursos, además por atentar contra la libertad religiosa y el Estado Laico al confundir los credos del titular de la dependencia con sus obligaciones como funcionario.
La denuncia la interpuso un grupo de ciudadanos integrantes del colectivo del Estado Laico, de Alternativa Socialdemócrata del DF, con base a la información publicada el pasado lunes 27 de agosto, en el que se dio a conocer que la SEGOB destinó 300 mil pesos de recursos de la dependencia para pagar parte de la LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado mexicano (CEM), realizada del 16 al 20 de abril pasado.
La denuncia fue recibida ayer a las 12 horas con 42 minutos en la Secretaria Técnica de la oficina del titular de la dependencia, y e ella se detalla que “estos hechos no solamente constituyen un flagrante incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino que, más grave aún, de acuerdo con la legislación penal federal dichas conductas son constitutivas de delito, toda vez que los servidores públicos no deben distraer de su objetivo, para usos propios o ajenos, dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que pertenezca al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los han recibido en administración, en depósito o por otra causa”.
La denuncia también incluye al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar Adame, y al director de Asociaciones Religiosas de la SEGOB, Salvador Beltrán del Río.
El documento de 9 cuartillas agrega que además de las transgresiones de carácter administrativo y de la trascendencia penal de estas, las conductas de los funcionarios público mencionados vulneran gravemente una de las condiciones fundamentales del Estado mexicano como lo es el principio histórico de la separación del Estado-iglesia.
“En este sentido es claro el artículo constitucional al establecer en su inciso B que las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas”.
Según Jesús Robles, ex vocero del Colectivo del Estado Laico y uno de los demandantes, existe un desvío de recursos por parte del secretario de Gobernación y, por ello, “hemos pedido que la SFP investigue y les tome su declaración, existe una contradicción en los argumentos que dio la dependencia para entregar estos recursos, porque los fondos con los que cuenta la dependencia deben ser destinados a eventos públicos; ese, la Asamblea de la CEM, fue un evento de carácter privado”, dijo.
De acuerdo con el entrevistado, hay varias infracciones: primero a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas que establece sanciones que van desde la amonestación, hasta más graves como la inhabilitación como funcionarios públicos.
Y el otro elemento que tocará a la Secretaría de la Función Pública definir son las sanciones penales, por el desvío de recursos.
El Colectivo del Estado Laico, denuncio a Ramìrez Acuña por desvìo de recursos le dejo la nota publicada en el diario el Centro
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